La Justicia tomó una medida de suma relevancia para los usuarios del servicio público de subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El Juzgado Nº4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario suspendió, mediante una medida precautelar, el aumento del boleto del subte que estaba programado para entrar en vigencia a partir del viernes próximo. Esta decisión surge como respuesta a un amparo colectivo presentado por la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), junto con otros legisladores de dicho espacio político.
La medida judicial, emitida este miércoles, solicita tanto al Gobierno porteño como a la concesionaria Sbase que proporcionen una serie de documentación necesaria para evaluar si se dicta o no la suspensión definitiva del incremento tarifario hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En este sentido, se requiere una respuesta específica sobre la participación ciudadana durante la audiencia pública, especialmente en relación con las solicitudes realizadas por los participantes en dicho evento.
El aumento tarifario, que generó una fuerte polémica en la opinión pública, estaba programado para implementarse gradualmente, comenzando este viernes 17 de mayo. De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, el costo de un viaje en subte se elevaría de los actuales $125 a $574, representando un incremento del 359%.
La documentación requerida por la Justicia incluye varios elementos clave, entre ellos el análisis realizado por la concesionaria que respalda los nuevos cuadros tarifarios y que establece que la tarifa debería ascender a $809,07. Asimismo, se mencionan expedientes relacionados con la determinación de la tarifa técnica y se solicita información sobre la cantidad de pasajeros brindados por Nación Servicios SA (NSSA). También se requiere la presentación de los últimos cuatro informes trimestrales entregados por el concesionario EMOVA a SBASE, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión.
La resolución judicial subraya que la demanda interpuesta se basa en derechos que poseen un carácter colectivo, conforme al artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que permite una legitimación ampliada para litigar por vía de amparo.
Esta decisión judicial no solo tiene implicaciones inmediatas en el bolsillo de los usuarios del subte, sino que también plantea interrogantes sobre los procesos de participación ciudadana y la transparencia en la fijación de tarifas de servicios públicos. La resolución final estará supeditada a la presentación de la documentación requerida por parte de las autoridades pertinentes, mientras tanto, los usuarios del subte podrán mantener el costo actual del boleto hasta que se resuelva la cuestión de fondo en este caso.
