La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido escenario de la presentación de un proyecto de ley que propone la creación de un Banco de Viviendas Públicas para Alquiler Protegido. La iniciativa, impulsada por legisladores del interbloque del Frente de Todos, busca abordar la problemática de acceso a viviendas dignas en alquiler, en medio de la actual coyuntura del mercado inmobiliario.
Este proyecto legislativo tiene como objetivo central la creación del «Banco de Viviendas Públicas para Alquiler Protegido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». La propuesta tiene como finalidad incrementar la disponibilidad de viviendas de alquiler a precios accesibles, dotando al Gobierno de la Ciudad de un conjunto de bienes inmuebles que contribuyan a este propósito.
Los promotores de la iniciativa destacan que, en este momento de caída de precios en el mercado inmobiliario, es oportuno que el Estado intervenga para ampliar la oferta de viviendas destinadas al alquiler protegido. La adquisición de viviendas para este fin se considera una forma de aprovechar la situación actual y aumentar el stock de viviendas disponibles.
En la propuesta se define el concepto de «Alquiler Protegido», estableciendo que se trata de contratos de locación habitacional celebrados entre la Autoridad de Aplicación y quienes se postulen para ser inquilinos. Los valores de alquiler, basados en referenciales mensuales proporcionados por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, no podrán exceder el 30% del ingreso declarado por grupo familiar. La actualización, duración y otros aspectos contractuales seguirán las disposiciones de la ley nacional 27.551 o sus sucesoras. Además, se prohíben los pagos anticipados y depósitos en garantía, permitiendo una declaración jurada como garantía.
La propuesta plantea la conformación del Banco de Viviendas Públicas para Alquiler Protegido a través de diversos tipos de inmuebles, tales como herencias vacantes, propiedades del Gobierno de la Ciudad en desuso, inmuebles provenientes de convenios urbanísticos y más. El proyecto busca aprovechar oportunidades desaprovechadas, como la subasta de herencias vacantes que podrían ser destinadas a solucionar la crisis habitacional.
En el marco de la presentación, los legisladores hacen hincapié en la crítica situación de aquellos que buscan viviendas en alquiler, resaltando que el acceso a una vivienda digna se vuelve cada vez más difícil. Subrayan la necesidad de equilibrar un mercado distorsionado y señalan que diversas garantías para propietarios generan costos adicionales y obstáculos para los inquilinos. En este contexto, destacan la relevancia de la intervención estatal para intervenir en el mercado de alquileres.
Los legisladores también hacen referencia a la subasta de inmuebles por parte del Gobierno de la Ciudad, considerando que esta acción no aborda la crisis habitacional. Mencionan que más de 70 inmuebles fueron enajenados en pesos, a pesar de la caída de los valores inmobiliarios.
En última instancia, el proyecto busca revertir la descapitalización del Estado local y atender la necesidad habitacional de la población. Además, introduce un control de la oferta de inmuebles para alquiler, una cuestión históricamente desatendida en el país y en la ciudad. El proyecto busca capitalizar la coyuntura de precios bajos en el mercado inmobiliario para incrementar el stock de viviendas para alquiler protegido, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
