Más de once mil trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya completaron la formación que busca fortalecer las políticas de inclusión y accesibilidad en la gestión pública, marcando un avance en la transversalización de la agenda de derechos.
El jueves pasado se concretó el lanzamiento oficial de la Capacitación Obligatoria en Buenas Prácticas en Discapacidad, una iniciativa crucial que busca dotar a los empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de herramientas sólidas para construir una administración verdaderamente inclusiva. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Jefatura de Gobierno y se enmarca en la Ley N.º 6755, que establece la obligatoriedad de esta formación para los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta norma se erige como un pilar fundamental para la transversalización de la agenda de discapacidad en todas las áreas de la gestión porteña.
En este sentido, la convocatoria fue masiva y superó las expectativas. Más de 300 trabajadores del territorio porteño asistieron al evento, que contó con la presencia de destacadas autoridades. Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno, y Sofía Torroba, subsecretaria de Discapacidad, acompañaron a Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad, quien brindó unas palabras sobre la trascendencia de esta política pública. Sánchez Zinny subrayó la relevancia de avanzar hacia un Estado que integre a todas las personas y que garantice la igualdad de oportunidades. “Como servidores públicos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestras políticas sean accesibles y generen oportunidades para todos”, afirmó el jefe de Gabinete ante los presentes.
A su vez, este lanzamiento se produce en un momento en que la respuesta del personal de la Ciudad ante la formación resulta altamente positiva. Hasta el momento, más de 11.000 trabajadores ya completaron la formación de manera autogestionada, dando cumplimiento al mandato de la Ley 6755. Esto refleja el compromiso creciente de la planta permanente de Buenos Aires con la causa de la inclusión y el entendimiento de la discapacidad desde una perspectiva de derechos, superando el estándar mínimo requerido y demostrando una proactividad en la adopción de buenas prácticas.
La Ley 6755, que motoriza esta política de inclusión, fue sancionada por la Legislatura de Buenos Aires el 19 de septiembre de 2024 y quedó automáticamente promulgada el 9 de octubre de ese mismo año, estableciendo el marco legal para esta exigencia inédita. De tal modo, la norma indica la obligatoriedad de la formación en discapacidad para la totalidad de los funcionarios, sin importar su nivel o tipo de contrato, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que funcionan en el ámbito de CABA.
Asimismo, la autoridad de aplicación designada para garantizar su implementación es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). La legislación establece que la totalidad de los contenidos del programa deben ajustarse a lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto asegura que la capacitación priorice el enfoque social de la discapacidad, promueva la identificación de barreras y enseñe a implementar ajustes razonables para garantizar políticas públicas accesibles e inclusivas.
Por su parte, para asegurar su cumplimiento irrestricto en toda la administración, la ley prevé que aquellos agentes que se nieguen sin una causa justificada a realizar la formación serán intimados de manera fehaciente por la autoridad correspondiente, a través de los mecanismos internos de cada organismo.
Además, la Subsecretaría de Discapacidad no limita sus esfuerzos a la formación virtual autogestionada. En la misma línea, continúa desarrollando instancias presenciales de capacitación en distintos organismos de la administración porteña, muchas veces en co-diseño con personas con discapacidad, bajo la premisa de “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
