En un avance clave para la resolución de un conflicto que lleva cuatro décadas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la última sesión del año, aprobó la Ley 6.769, que ofrecerá soluciones habitacionales definitivas a unas 900 familias del Sector 4 de la traza de la Ex AU3. Este paso histórico asegura la regularización definitiva de los hogares en la zona, afectada por un proyecto de autopista inconcluso desde los años 60.
El viernes 12 de diciembre de 2024, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6.769, también conocida como el “Programa de Recuperación Social y Urbana del Sector 4 de la Traza de la Ex AU3”. Esta normativa ofrece una solución habitacional definitiva para 900 familias que llevan años viviendo en condiciones precarias debido a la falta de resolución sobre la traza de la autopista nunca construida, que originalmente iba a conectar los barrios de Saavedra y Nueva Pompeya, atravesando la Ciudad de Buenos Aires de norte a sur.
La ley beneficiará, entre otras, a las 22 familias afectadas por el incendio en la calle Charlone 1645, en el barrio de Villa Ortúzar. El programa prevé la entrega de soluciones habitacionales definitivas y la mejora del tejido urbano y social en el área, especialmente en los barrios de Villa Ortúzar, Villa Crespo, Chacarita, Almagro, Boedo y Nueva Pompeya. Además, la ley establece mecanismos transitorios, de tal modo que las familias que deban ser trasladadas de propiedades en venta reciban una solución habitacional provisional mientras se tramita la definitiva.
El desarrollo del proyecto comenzó a principios de los años 60, cuando la dictadura de Onganía impulsó la creación de una autopista central para conectar el norte y el sur de la ciudad. A pesar de que las obras se iniciaron, el proyecto fue detenido debido a las protestas de los habitantes de las zonas afectadas, y muchos de ellos fueron objeto de desalojos y expropiaciones, principalmente en 1976, durante la última dictadura militar. Sin embargo, la traza de la Ex AU3 nunca se completó y a principios de los años 80 las obras fueron abandonadas, dejando a muchas familias sin soluciones.
En 1984, la Ordenanza 39921 permitió que los habitantes de la traza pagaran un alquiler a la Municipalidad, lo que los convirtió en inquilinos legítimos. Sin embargo, la falta de una solución definitiva para los hogares en esta área llevó a que, en 2000, se sancionara la Ley 324, que pretendía ofrecer soluciones habitacionales definitivas, pero que nunca fue completamente implementada. A pesar de los avances en otros sectores de la traza, como el Sector 5, el Sector 4 quedó rezagado, esperando por una solución habitacional.
La situación se agudizó con el paso de los años, y a partir de 2007 la recuperación de la traza quedó postergada. Sin embargo, en 2023 un fallo judicial ordenó al Gobierno porteño generar un nuevo programa para resolver el problema del Sector 4. En este contexto, se presentó un proyecto de ley en 2024, elaborado tanto por el Ejecutivo como por los propios vecinos. Tras intensas negociaciones y discusiones, finalmente se acordó el texto de la Ley 6.769, que recibió la aprobación definitiva en la última sesión del año.
La legisladora Berenice Iañez, quien fue una de las principales impulsoras de esta ley, expresó que su objetivo principal fue garantizar que «ninguna familia se quede afuera» del proceso de regularización. En este sentido, la ley respeta los derechos adquiridos por los vecinos en la Ley 324 y pone como prioridad la solución habitacional, antes que la venta de inmuebles. Además, se incluyó una cláusula que suspende los desalojos en la zona, lo que brinda un respiro a las familias afectadas.
Con la aprobación de esta ley, el conflicto de la Ex AU3 encuentra finalmente un camino hacia su resolución, beneficiando a cientos de familias que durante años vivieron en un limbo jurídico y habitacional. En tanto, la Ley 6.769 representa un avance fundamental en la recuperación social y urbana del sector, promoviendo la integración y el bienestar de los habitantes de estos barrios porteños.
La sanción de esta normativa cierra un capítulo en la historia de la Ex AU3 y abre la puerta a una nueva etapa para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que la prioridad será garantizar derechos fundamentales como el acceso a la vivienda digna. Sin embargo, el camino hacia la completa implementación de la ley será largo, y su éxito dependerá de la ejecución efectiva de los mecanismos previstos para la reubicación y regularización de las familias involucradas.
