La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó una decisión con respecto a la controversia generada por la adquisición de barbijos vencidos en el año 2020. En ese entonces, el gobierno porteño fue cuestionado por la compra de un lote significativo de tapabocas caducados, desatando un escándalo que llevó a la renuncia de un funcionario. A pesar de ello, el Poder Judicial porteño concluyó que no se produjo un perjuicio económico para el Estado en este asunto.
La polémica se desató durante los primeros días de la pandemia de Covid 19, cuando el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquirió un importante número de barbijos que ya habían expirado. La compra, que ascendió a 45 millones de pesos por 15 mil unidades, fue realizada en abril de 2020, poco después del inicio de la cuarentena obligatoria. La Justicia local ha decidido cerrar la investigación que se había iniciado sobre este tema.
La revista Noticias fue la primera en revelar esta situación en abril de 2020, informando que la Ciudad había comprado los barbijos a un costo de 3 mil pesos cada uno, lo que implicaba un aparente sobreprecio. Además, se supo posteriormente que los productos habían caducado en 2016, lo que generó mayor controversia.
Según reportó el portal Infobae, el fiscal Maximiliano Vence decidió archivar la investigación que involucraba a la empresa Green Salud, argumentando que no se produjo un perjuicio económico para la Ciudad. Esta conclusión se basa en que el primer pago pactado no se concretó, información que el Gobierno de la Ciudad confirmó poco después de que se hiciera pública la transacción.
La multinacional 3M, fabricante de los barbijos, posteriormente reveló que la partida adquirida, modelo 8577, había sido manufacturada en mayo de 2013 y su vida útil era de tres años. Ante esta situación, el Gobierno inmovilizó los barbijos entregados en un depósito e inició una investigación interna para garantizar que no se habían causado perjuicios económicos al Estado.
En cuanto al presunto sobreprecio, el fiscal argumentó que en ese momento había escasez de barbijos y pocos proveedores disponibles. De esta manera, el único funcionario que asumió responsabilidad por la compra fue Nicolás Montovio, quien renunció a su cargo como subsecretario de Administración del Sistema de Salud del Gobierno porteño. Montovio había estado involucrado en el proceso de adquisición y había firmado el contrato de compra en abril de 2020.
A pesar de las irregularidades detectadas, el fiscal Vence concluyó que no existía una relación previa entre Montovio y la empresa proveedora, Sáenz Valiente. Tampoco se consideró el vínculo comercial de Sáenz Valiente con Rodrigo Miguel, hermano del jefe de Gabinete Felipe Miguel. El fiscal opinó que no había evidencia de que el jefe de Gabinete porteño hubiera influido en la decisión de Montovio ni que este último hubiera buscado beneficiar a Green Salud de manera directa.
La resolución judicial pone fin a un capítulo controvertido en la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en medio de la pandemia de Covid 19, destacando que no se encontraron pruebas de perjuicio económico para el Estado en relación con esta adquisición de barbijos vencidos.
