Ante las demandas planteadas por diversas entidades que representan al gremio de los taxistas, el gobierno porteño respondió convocando a una audiencia pública con el propósito de establecer incrementos acordados en las tarifas. La necesidad de adaptar los valores a la escalada inflacionaria reciente ha sido el fundamento central de este reclamo.
En un contexto donde la constante alza de precios afecta a todas las esferas de actividad en el país, resulta crucial para el funcionamiento de cualquier sector mantener una correspondencia entre sus costos y la evolución de los precios. La omisión de actualizaciones tarifarias impide la viabilidad de estas actividades. Este fenómeno, lamentablemente, desencadena una espiral inflacionaria en la que todas las variables se ven afectadas por aumentos mutuos, generando un círculo vicioso autoalimentado.
Esta realidad no excluye a ningún sector, ya que aquellos que no logran adecuarse a esta dinámica quedan relegados del sistema económico. Con esta percepción, diversas agrupaciones que representan a los profesionales del taxi han presentado un reclamo conjunto. Entre estas organizaciones se encuentran: la Unión Propietarios de Autos de Taxis (UPAT), la Asociación Taxistas de Capital (ATC), la Cámara Empresarial del Autotaxi (Cametax), la Unión de Propietarios y Mandatarios de Taxis de la República Argentina (Upymra), el Sindicato de Conductores de Taxis de Capital Federal (SCT) y el Sindicato de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT).
La convocatoria a la audiencia pública por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se formalizó mediante el Decreto 242/22, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. La fecha programada para este evento es el 30 de agosto. La posibilidad de implementar el ajuste en dos etapas se encuentra en consideración. Se menciona un incremento inicial del 30%, que entraría en vigencia en septiembre, seguido de un aumento adicional del 20% en noviembre. Según información proporcionada por estas agrupaciones gremiales, el reclamo se justifica en la necesidad de «restaurar el equilibrio económico de la actividad».
Si se materializa el incremento inicial del 30%, los nuevos valores de las tarifas se reflejarán en los siguientes ajustes: la ficha diurna pasaría de $14,40 a $18,70, mientras que la ficha nocturna se elevaría de $17,40 a $22,50. De materializarse el aumento adicional del 20% en noviembre, las fichas diurna y nocturna alcanzarían los valores de $22,50 y $27,00 respectivamente. En lo que concierne a la bajada de bandera, que equivale al valor de 10 fichas, los incrementos elevarían el importe actual de $144 a $187 en la primera etapa, y a $225 en la segunda.
En última instancia, una vez que ambos incrementos, del 30% y del 20%, sean implementados, la tarifa total habrá experimentado un incremento del 56%. Desde el gobierno de la Ciudad, se ha manifestado la necesidad de este ajuste tarifario basado en consideraciones tales como «los costos fijos inherentes al servicio de taxis, sujetos a ajustes según la inflación, como el precio del combustible y la reposición de autopartes, entre otros».
