El Gobierno porteño avanza con una reforma estructural del النظام de transporte privado de pasajeros que busca saldar una deuda histórica: la falta de regulación clara para las aplicaciones de viaje y la actualización de un esquema de taxis que, con el paso del tiempo, quedó desfasado frente a los cambios tecnológicos y las nuevas demandas de movilidad urbana. La iniciativa, que comenzará a implementarse mediante un decreto y luego será enviada como proyecto de ley a la Legislatura, apunta a establecer condiciones más equitativas de competencia y simplificar un sistema que durante años acumuló tensiones, burocracia y desigualdades.
El anuncio fue encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien planteó la necesidad de ordenar un escenario en el que, según describió, la política evitó intervenir pese a la expansión de las plataformas digitales. “Durante muchos años se eligió mirar para otro lado. Todos usaban las aplicaciones, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el objetivo es garantizar reglas claras donde tanto taxis como aplicaciones puedan competir en igualdad de condiciones, priorizando al usuario y reduciendo trabas burocráticas.
El nuevo marco legal buscará, en primer lugar, regular de manera formal a las aplicaciones de transporte, incorporándolas a un esquema que contemple requisitos de seguridad, habilitación y control. Entre las condiciones previstas, los vehículos deberán contar con la Verificación Técnica Vehicular al día y un seguro específico diseñado para este tipo de servicio, en línea con disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Además, los conductores deberán ser mayores de 21 años y poseer licencia profesional. Para facilitar la transición, se otorgará un plazo de 90 días y se implementará un procedimiento abreviado que permita cumplir con los requisitos de forma ágil.
En paralelo, la reforma propone una modernización integral del sistema de taxis, actualmente regido por el Código de Tránsito y Transporte, que los encuadra como servicio público bajo una normativa considerada obsoleta por las autoridades. El diagnóstico oficial señala que los taxistas enfrentan una estructura excesivamente fragmentada, con múltiples trámites obligatorios —como la renovación anual de la licencia, la verificación del vehículo, la habilitación del reloj tarifador y la actualización de la credencial— que implican costos y tiempos elevados.
En ese contexto, el paquete de medidas apunta a simplificar y flexibilizar las condiciones de operación. Entre los cambios más relevantes, se permitirá el uso de vehículos de hasta ocho plazas, incluyendo opciones más amplias como camionetas familiares, y se reducirá la exigencia mínima de pasajeros, lo que habilitará la incorporación de autos más pequeños y económicos. También se eliminarán requisitos considerados innecesarios, como la capacidad mínima de baúl, los límites máximos de plazas en vehículos accesibles y la obligación de recurrir a un escribano público para transferir licencias.
La reforma incluye además la eliminación de la obligatoriedad de turnos fijos, el reemplazo de credenciales físicas por identificaciones digitales y la flexibilización del código de vestimenta, suprimiendo la exigencia de uso de camisa para los conductores. A esto se suma la eliminación de tasas vinculadas a transferencias, renovaciones y modificaciones de licencias, una medida que busca aliviar la carga económica del sector.
Durante la presentación también participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el secretario de Transporte, Guillermo Krantzer; y legisladores como Pablo Donati y Francisco Loupias, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un sistema más moderno y eficiente.
Otro eje central de la transformación es la incorporación de herramientas digitales en la operatoria cotidiana de los taxistas. Se promoverá el uso de pagos electrónicos, la validación automática de pasajeros y la posibilidad de acceder a viajes mediante dispositivos móviles, en un intento por equiparar la experiencia con la ofrecida por las aplicaciones.
A su vez, el Gobierno impulsa el recambio de la flota con una mirada puesta en la sustentabilidad. En ese marco, el Banco Ciudad ofrece líneas de crédito para la adquisición de taxis eléctricos, con financiamiento de hasta 28 millones de pesos, plazos de hasta 48 meses y tasas fijas. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de electromovilidad que busca reducir el impacto ambiental del transporte urbano.
Las autoridades destacaron que en el último año ya se avanzó en la eliminación de costos para 27 trámites vinculados al sector y en la habilitación de nuevas fuentes de ingresos, como la publicidad en taxis. Sin embargo, reconocen que la reforma en marcha representa un cambio más profundo, orientado a redefinir el sistema en su conjunto.
Con este paquete de medidas, el Gobierno porteño busca dejar atrás un modelo fragmentado y avanzar hacia un esquema más integrado, donde la tecnología, la simplificación administrativa y la competencia regulada sean los pilares. El desafío ahora estará en el tratamiento legislativo y en la implementación efectiva de las nuevas disposiciones, en un sector clave para la movilidad diaria de millones de personas.
