El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una serie de medidas orientadas a reordenar la Villa 31, uno de los barrios más densamente poblados del distrito, con el objetivo de fortalecer la seguridad, regularizar las construcciones y limitar el crecimiento urbano sin control. Las acciones incluyeron operativos en accesos clave, controles policiales, modificaciones en la circulación interna y una intensificación de las tareas de fiscalización sobre edificaciones y actividades comerciales informales.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó la presentación del plan y sostuvo que las medidas respondieron a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas en todo el territorio porteño. En ese marco, afirmó que no debían existir excepciones en la aplicación de la ley y remarcó la intención de ordenar el barrio bajo los mismos criterios que rigen en el resto de la Ciudad.
El eje central de la intervención fue el denominado Plan de Control de Accesos, que implicó una reconfiguración del ingreso al barrio. De las 13 entradas vehiculares existentes, cinco fueron transformadas en calles peatonales para impedir el ingreso de materiales de construcción. Además, tres accesos pasaron a contar con presencia policial permanente, sumándose a otros puntos ya vigilados, mientras que se implementaron controles móviles y rotativos para reforzar la supervisión.
Las autoridades también dispusieron cambios en la circulación, como la conversión de algunas calles en sentido contramano y la instalación de bolardos para restringir el tránsito vehicular. Estas medidas buscaron impedir el traslado de insumos destinados a nuevas edificaciones, una de las principales preocupaciones del Gobierno porteño en relación con el crecimiento desordenado del barrio.
En paralelo, se desarrollaron operativos especiales en distintos sectores estratégicos, particularmente en zonas cercanas a los accesos principales. Allí se llevaron adelante retenes policiales y controles de personas y vehículos, en puntos neurálgicos próximos a la terminal de ómnibus de Retiro, el Paseo del Bajo y áreas lindantes con otros barrios de la Ciudad.
El plan incluyó también una intensificación de la fiscalización sobre construcciones irregulares. En ese sentido, se realizaron desalojos de unidades y terrenos ocupados ilegalmente, así como la clausura de establecimientos que operaban sin habilitación. Entre ellos se encontraron corralones de materiales de construcción, cuya actividad está restringida por la normativa vigente con el fin de evitar nuevas edificaciones no autorizadas.
Las autoridades porteñas señalaron que la urbanización impulsada años atrás no logró contener el crecimiento poblacional ni ordenar el uso del suelo, lo que derivó en un aumento de construcciones informales y en la proliferación de actividades económicas fuera del marco legal. En ese contexto, el nuevo enfoque buscó corregir esas distorsiones mediante una presencia estatal más activa y sostenida.
Uno de los episodios destacados dentro de esta política fue la demolición de una estructura utilizada para la venta de drogas, en un operativo que se enmarcó dentro de las acciones para mejorar la seguridad en el barrio. A su vez, se había concretado previamente la erradicación de una feria ilegal en la calle Perette, donde se comercializaban productos de origen ilícito.
En las últimas semanas, las tareas de ordenamiento se extendieron a la recuperación del espacio público. Se liberaron veredas ocupadas por materiales, residuos o instalaciones precarias, utilizadas en muchos casos como depósitos informales o extensiones de viviendas. También se removieron estructuras que obstaculizaban la circulación, como un lavadero de autos instalado sobre una calle peatonal y una gomería montada en un vehículo en desuso.
La Villa 31, emplazada en una zona estratégica de la Ciudad frente al barrio de Retiro, abarca unas 72 hectáreas y alberga a cerca de 45 mil personas. En ese territorio, la falta de regulación favoreció el desarrollo de un mercado inmobiliario informal, donde se comercializan tanto viviendas como espacios aéreos destinados a nuevas construcciones. Los valores de alquiler, según se indicó, alcanzaron cifras elevadas, con montos que variaron considerablemente según el tipo de propiedad.
El Gobierno porteño sostuvo que este escenario propició prácticas especulativas y situaciones de vulnerabilidad para quienes buscan acceder a una vivienda en condiciones formales. Por ello, el plan de ordenamiento apuntó no solo a frenar el crecimiento descontrolado, sino también a establecer condiciones más equitativas y seguras para los habitantes del barrio.
Con la implementación de estas medidas, la Ciudad buscó avanzar hacia una integración urbana más efectiva, bajo el principio de igualdad de derechos y obligaciones para todos los vecinos, independientemente del lugar en el que residan. El desafío, señalaron, radicó en sostener en el tiempo un esquema de control y presencia estatal que permita consolidar los cambios y evitar retrocesos en un territorio históricamente marcado por la informalidad.
