El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un nuevo operativo de saturación en la red de subterráneos, en el que más de 1.000 efectivos policiales fueron desplegados en estaciones y formaciones con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios. La medida formó parte de una estrategia integral impulsada por el Ministerio de Seguridad porteño, orientada a incrementar la presencia policial en puntos clave y disuadir la comisión de delitos en el transporte público.
Durante el procedimiento, que se desarrolló en horarios de alta circulación, las fuerzas de seguridad realizaron controles intensivos que incluyeron la identificación de aproximadamente 400 personas. Como resultado de estas tareas, se secuestraron armas blancas —entre ellas cuchillos y facas— y se concretaron dos detenciones. Una de las personas arrestadas contaba con un pedido de captura vigente por robo, lo que evidenció la efectividad de los controles en la detección de individuos con antecedentes.
Este tipo de operativos, conocidos como saturaciones, consistieron en un refuerzo significativo del control policial en áreas específicas. Incluyeron patrullajes más intensos, controles vehiculares y de documentación, inspecciones en comercios y una presencia visible de efectivos con el objetivo de prevenir hechos delictivos. La metodología no se limitó al subte, sino que también se aplicó en distintos barrios de la Ciudad en semanas previas.
En ese sentido, días antes se habían realizado intervenciones similares en zonas como Constitución, Once, Colegiales, Liniers, Villa del Parque, Villa Devoto, Palermo, Pompeya, San Telmo, Barracas y Las Cañitas, entre otras. Esos procedimientos dejaron un saldo de 26 detenidos, 115 personas imputadas por distintos delitos y la clausura de varios locales, hoteles y comercios que presentaban irregularidades.
Desde el Ejecutivo porteño se destacó que estas acciones se enmarcaron dentro de un plan estratégico de seguridad que había logrado, en el último año, una reducción del 30% en delitos graves como robos y homicidios, alcanzando niveles históricos mínimos en las estadísticas oficiales. Las autoridades remarcaron que el objetivo central era recuperar el orden en el espacio público y garantizar condiciones de mayor tranquilidad para los vecinos.
En paralelo a los operativos policiales, la Ciudad avanzó con una serie de medidas complementarias orientadas al ordenamiento urbano. Entre ellas, se destacó la recuperación de más de 630 propiedades que se encontraban usurpadas y que, según indicaron, funcionaban como refugio de actividades delictivas. Asimismo, se liberaron 68 kilómetros lineales de veredas que estaban ocupadas por manteros en distintos puntos neurálgicos como Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios.
Otra de las líneas de acción fue el refuerzo de los controles en los accesos a la Ciudad. Durante la primera quincena de marzo, se registraron más de 5.600 vehículos y más de 6.000 personas en estos puntos, lo que derivó en ocho detenciones, además de la retención de cientos de autos y motos por distintas infracciones.
En el caso puntual del subte, el operativo de saturación se llevó a cabo en franjas horarias de mayor afluencia, especialmente entre las 7 y las 10 de la mañana. Los controles se concentraron en estaciones de alto tránsito y nodos de combinación de todas las líneas. Entre ellas se destacaron cabeceras y puntos estratégicos como Plaza de Mayo, San Pedrito, Plaza Miserere, Retiro, Constitución, Congreso de Tucumán, Facultad de Medicina, 9 de Julio y Once, entre otros. También se realizaron procedimientos en el Premetro.
Este despliegue especial complementó la cobertura habitual del sistema, que ya contaba con la presencia diaria de más de 300 efectivos distribuidos en las 90 estaciones de la red, desde la apertura del servicio a las 5.30 hasta su cierre cerca de la medianoche. La intención fue reforzar la vigilancia en los momentos de mayor circulación, teniendo en cuenta que el subte transportaba a unas 800 mil personas por día.
En paralelo, el Gobierno porteño impulsó un plan de modernización del sistema de transporte subterráneo. Se encontraban en proceso de fabricación 174 coches nuevos destinados a la Línea B y otros 50 para las líneas A y C. Además, se avanzó en la puesta en valor de 18 estaciones, mientras que otras permanecían cerradas por obras o estaban proyectadas para futuras remodelaciones.
Entre los proyectos más ambiciosos se destacó la futura Línea F, que se encontraba en proceso de licitación. Esta nueva traza apuntaba a conectar el sur con el norte de la Ciudad, uniendo Barracas con Palermo, integrando todas las líneas existentes y el Ferrocarril Roca. Se estimaba que beneficiaría a unos 300 mil pasajeros diarios y contribuiría a descomprimir el saturado nodo del Obelisco.
Con este conjunto de medidas, la Ciudad buscó consolidar una política de seguridad y transporte que combinara mayor presencia policial, controles más estrictos y mejoras en la infraestructura, con el objetivo de ofrecer un entorno más ordenado y seguro para quienes se desplazaban a diario en el ámbito urbano.
