Con la reciente recuperación de una vivienda en el barrio de Constitución que servía de refugio para delincuentes, la gestión porteña alcanzó la cifra de 551 propiedades liberadas de usurpaciones.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concretó la recuperación de un inmueble ubicado en la calle Solís 831, en el barrio de Constitución, el cual permaneció bajo usurpación durante un período de cinco años. Este operativo permitió alcanzar un hito estadístico en la gestión actual, que suma un total de 551 propiedades restituidas a sus propietarios originales en un lapso de dos años. Esta cifra representa un promedio de una devolución cada 30 horas, lo que marca un ritmo constante en la política de desalojos de espacios tomados ilegalmente en la capital nacional.
La vivienda de la calle Solís 831 contaba con la presencia de aproximadamente 25 personas de nacionalidad dominicana al momento del procedimiento. La intervención judicial y policial tuvo su origen en reiteradas denuncias por violencia de género, comercialización de estupefacientes y acopio de objetos robados. Asimismo, los residentes de la zona manifestaron de forma recurrente su malestar por los ruidos molestos y la inseguridad que generaba este punto, al que definieron como un aguantadero de delincuentes.
Durante el operativo, la inspección técnica de la Guardia de Auxilio confirmó la existencia de un grave peligro estructural en la edificación. Ante el riesgo inminente de derrumbe y con el fin de garantizar la seguridad tanto de los ocupantes como de los transeúntes, las autoridades dispusieron el desalojo total de la finca. En medio de las tareas, una persona se atrincheró en el lugar con la intención de resistir la medida, pero los efectivos lograron retirarla sin mayores complicaciones. En esta acción coordinada trabajaron de forma conjunta la Policía de la Ciudad, especialistas de la Guardia de Emergencias, agentes de la Red de Atención y personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió a la importancia de estas acciones para la convivencia urbana y el respeto a la ley. El mandatario sostuvo que “Cuando una propiedad es usurpada se instala el mal en el barrio: empieza el narcomenudeo, la trata, se esconden los que chorean. Nosotros hemos tomado la decisión política de terminar con eso”. En la misma línea, el funcionario destacó el impacto económico de estas medidas y agregó: “Ya les devolvimos a los privados el equivalente a más de 200 millones de dólares en propiedades que estaban tomadas”.
La recuperación de viviendas que atraviesan procesos de ocupación ilegal se consolidó como una de las prioridades de la agenda de seguridad en CABA. En menos de dos años, la administración local logró restituir la posesión de edificios emblemáticos y predios de gran extensión. Entre estos casos destaca el edificio de 12 pisos conocido como el Elefante Blanco en el barrio de Belgrano, la histórica Casa Blaquier situada en el Casco Histórico y la denominada Galería del Terror en Nueva Pompeya. También recuperaron sectores del Mercado de Bonpland en Palermo y un terreno de 2.500 metros cuadrados que ocupaba el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.
Los operativos de restitución se extendieron por diversos puntos geográficos de Buenos Aires, con intervenciones exitosas en Almagro, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Balvanera. Un caso de relevancia fue el predio conocido como La Lechería, en Villa del Parque, que regresó a manos de sus dueños tras años de conflicto. Por su parte, en los barrios de San Telmo y Flores, las tareas de la Ciudad permitieron desarticular ex hoteles que funcionaban como prostíbulos y centros de distribución de drogas bajo la fachada de viviendas colectivas.
Pocos días antes de este último procedimiento, la capital nacional recuperó la propiedad número 550, un antiguo hotel ubicado en Brasil 920, también en la zona de Constitución. Ese inmueble presentaba un estado edilicio crítico que ponía en riesgo la vida de sus ocupantes y de los vecinos linderos. Los peritos hallaron habitaciones que se construyeron fuera de todo plano oficial, lo que generó una sobrecarga en la estructura original. A su vez, el edificio mostraba rajaduras profundas, un riesgo eléctrico muy elevado e instalaciones sanitarias precarias que configuraban un escenario de extrema peligrosidad.
El cierre de este año con la propiedad número 551 marca la continuidad de una política que busca dar previsibilidad a los ciudadanos sobre el respeto a la propiedad privada. Las autoridades locales enfatizaron que estas acciones no solo retiran focos de criminalidad de los barrios, sino que devuelven la tranquilidad a los vecinos que conviven con estas situaciones de irregularidad.
