La Procuración de CABA manifestó su preocupación institucional por posibles alteraciones del orden público si la ex presidenta cumple la condena en su domicilio de Monserrat. A su vez, los fiscales federales recomendaron que cumpla la pena en una unidad penitenciaria.
En medio de las definiciones judiciales sobre el cumplimiento de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alertó al Tribunal Oral Federal N.º 2 sobre las posibles consecuencias negativas que podría acarrear una eventual prisión domiciliaria de la ex mandataria en su departamento de la calle San José 1111, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.
La presentación formal fue realizada por la Procuración General porteña por instrucciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri. En la nota, el Ejecutivo local expresó una “preocupación institucional” respecto al impacto que podría generar esta decisión sobre el funcionamiento cotidiano de una zona densamente poblada y con alto flujo vehicular. Además, se subrayó que esta medida podría comprometer la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en el entorno inmediato.
En este sentido, el documento advirtió que desde la confirmación de la condena judicial a la exvicepresidenta comenzaron a registrarse cortes de calle, concentraciones, ruidos molestos y una creciente presión sobre el accionar de las fuerzas de seguridad locales. De tal modo, se anexaron informes técnicos que indican que la implementación de un operativo de custodia permanente en esa zona afectaría el desarrollo habitual del barrio, generando trastornos para vecinos, escuelas y organismos del macrocentro porteño.
Frente a este escenario, el gobierno de la Ciudad solicitó que, en caso de otorgarse la prisión domiciliaria, se instrumenten “medidas excepcionales” que garanticen el orden público y los servicios urbanos, mediante una intervención coordinada entre las autoridades nacionales y locales.
A su vez, en el plano judicial, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron que se debe rechazar el pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de Cristina Kirchner. Argumentaron que la condena de seis años por el caso Vialidad debería cumplirse en una unidad penitenciaria.
Según trascendió, el dictamen fue entregado esta mañana al Tribunal Oral Federal N.º 2, que quedó así en condiciones de resolver si concede o no el beneficio del arresto en el hogar. En tanto, fuentes judiciales señalaron que la decisión del tribunal podría conocerse en las próximas horas.
En su escrito, los fiscales señalaron que la exmandataria no presentó argumentos médicos que impidan su alojamiento en una unidad de detención. Además, remarcaron que si bien Cristina Kirchner tiene 72 años, la normativa vigente indica que a partir de esa edad *“podrá”* otorgarse prisión domiciliaria, pero no lo establece como una obligación automática.
Por otra parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal rechazaron también los planteos de seguridad esgrimidos por la defensa de la expresidenta, vinculados a su rol institucional y al intento de homicidio que sufrió en 2022. En este punto, sostuvieron que *“eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”*. Asimismo, dejaron en claro que, si el tribunal igualmente decidiera otorgar el arresto domiciliario, este debería estar sujeto a *“estrictas normas de control y seguimiento”*.
Mientras tanto, en el plano político, sectores del peronismo ya comenzaron a organizar una movilización masiva para acompañar a Cristina Kirchner desde su domicilio hasta los tribunales federales de Comodoro Py. La iniciativa prevé una caravana multitudinaria de entre 500.000 y un millón de personas, a lo largo de unas 50 cuadras, en una jornada que se espera histórica.
En la misma línea, desde la semana pasada el equipo organizador, encabezado por Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, intensificó las gestiones internas para sumar respaldos dentro del peronismo. El llamado incluyó a sectores que hasta hace poco eran opositores dentro del espacio, con el objetivo de presentar un frente unido ante lo que consideran una situación de persecución política.
En cuanto al recorrido de la movilización, los organizadores manejan dos opciones principales. Una de ellas incluye avanzar por Avenida San Juan, luego por 9 de Julio, Avenida del Libertador y finalmente arribar a Retiro, donde se ubican los tribunales federales. Esta alternativa implicaría un trayecto de unos cinco kilómetros por arterias neurálgicas del territorio porteño.
La segunda posibilidad contempla avanzar por Avenida San Juan, girar hacia las avenidas Madero y Huergo, rodear el Paseo del Bajo y pasar por detrás de la Casa Rosada, en un recorrido de entre 48 y 52 cuadras, con características similares en cuanto a distancia, aunque más simbólico por su cercanía con el epicentro del poder político.
