En medio de auditorías para reducir el gasto público, el Gobierno encontró a un trabajador habitando en condiciones precarias en la sede del INTA en Palermo. La entidad se mudará y venderá el edificio mientras avanza en un plan de reorganización y mayor participación privada.
Como parte de un plan nacional para optimizar el uso de los recursos estatales, las autoridades llevaron a cabo una auditoría en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Durante la inspección de la sede central ubicada en Palermo, se descubrió que uno de los empleados del organismo vivía desde hace años en una casilla improvisada en la terraza del edificio.
El hombre, identificado como el encargado del inmueble, habitaba en condiciones sumamente deterioradas. Su vivienda improvisada presentaba paredes descascaradas, vidrios rotos y acumulaba una gran cantidad de objetos, incluyendo algunos electrodomésticos antiguos, estantes y colchones. Las autoridades decidieron intimarlo para que acceda a la jubilación mientras el edificio, programado para ser subastado el 23 de diciembre, se prepara para su venta.
El Gobierno anunció que las oficinas del INTA serán trasladadas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, situada en Paseo Colón al 982. Este cambio forma parte de un proceso más amplio que incluye la revisión de unas 70 mil hectáreas pertenecientes a la entidad. Según las autoridades, una parte de estos terrenos será vendida mientras que otras tierras serán destinadas a nuevos proyectos.
El relevamiento de tierras concluirá en febrero de 2025, con medidas específicas previstas para los meses siguientes. Este esfuerzo busca priorizar la explotación de tierras no utilizadas y fomentar el desarrollo de proyectos innovadores que incluyan al sector privado.
El nuevo presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, asumió el cargo hace poco más de dos meses y enfrenta el desafío de reorganizar un organismo que actualmente lidera cerca de 1.500 investigaciones. Sin embargo, muchas de estas iniciativas carecen de objetivos claros, lo que limita el impacto de los proyectos en el sector agropecuario.
Entre las propuestas de la nueva gestión, se busca que el sector privado financie el 20% del presupuesto del INTA en 2025, con un aumento proyectado al 30% para 2027. Esto implicaría una mayor incidencia de los productores agropecuarios y empresas privadas en la planificación y ejecución de las investigaciones.
El Consejo Directivo del INTA, que incluye representantes del Poder Ejecutivo, universidades públicas y entidades agropecuarias como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, deberá adaptarse a esta transformación. Según las autoridades, el objetivo es que el INTA se enfoque en problemáticas concretas de los productores para facilitar soluciones conjuntas y atraer inversiones privadas.
