Consideraron que sólo el Congreso puede realizar controles externos sobre las instituciones educativas
El Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestionó duramente la auditoría impulsada por el Gobierno Nacional hacia las universidades públicas a través de la Sindicatura General de la Nación (SINGEN). Según el dictamen del organismo, dicha medida contradice la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional y excede las competencias del Poder Ejecutivo.
En un comunicado oficial difundido este viernes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) detalló que, tras realizar una consulta técnico-jurídica al Colegio de Abogados porteño, este concluyó que «la autonomía universitaria es una garantía institucional reconocida en la Constitución Nacional», lo cual impide que las universidades nacionales puedan ser intervenidas directamente por el Presidente de la Nación, ya que tal acción «agrede al sistema republicano».
El dictamen destacó que la autonomía no exime a las universidades nacionales del control estatal, pero subrayó que dicho control debe realizarse exclusivamente por los órganos habilitados constitucionalmente. Según lo expuesto, «en cuanto al control interno, este es competencia de las propias universidades en ejercicio de su autonomía», lo que, en el caso de la UBA, se lleva a cabo mediante sus órganos electos democráticamente en el marco del cogobierno universitario.
Por otro lado, el Colegio Público de Abogados enfatizó que la SINGEN carece de jerarquía constitucional debido a su dependencia directa del Presidente de la Nación. En este sentido, afirmaron que «solo tiene competencia en el control interno de las jurisdicciones que integran el Poder Ejecutivo Nacional», dejando fuera de su ámbito las universidades públicas.
Asimismo, el organismo precisó que el único órgano constitucionalmente habilitado para ejercer un control externo sobre las universidades nacionales es «el Congreso de la Nación, con apoyo en la Auditoría General de la Nación». Según expresaron, esto queda claro «a partir de una simple lectura de la Constitución Nacional y del principio de división de poderes que rige en el sistema republicano».
El comunicado de la UBA también incluyó un mensaje crítico hacia la gestión del Presidente Javier Milei, destacando que una decisión del Poder Ejecutivo que avance sobre la autonomía universitaria «socava el mandato constitucional» y pone en riesgo los beneficios de la división de poderes y las libertades individuales.
«De ninguna manera, una decisión del Poder Ejecutivo Nacional puede soslayar el mandato y avanzar sobre la clara atribución constitucional, si lo que se busca es mantener la división de poderes y, al fin, asegurar los beneficios de la libertad de los argentinos», afirmaron desde el Colegio Público de Abogados.
Además, el organismo jurídico señaló que la Procuración del Tesoro de la Nación, otro ente mencionado en este debate, también depende directamente del Poder Ejecutivo, por lo que sus dictámenes «no pueden alterar el principio de autonomía y autarquía que la Constitución garantiza a las universidades nacionales».
En la conclusión del comunicado, la UBA reafirmó la importancia de la autonomía universitaria como un pilar para la educación pública de calidad, la investigación científica y el desarrollo del país. «Esta autonomía reconoce el aporte fundamental de las universidades a la libre educación de calidad, la investigación científica y la extensión universitaria, contribuyendo al desarrollo del país», remarcaron.
La cuestión ahora genera un nuevo punto de conflicto entre las instituciones educativas y el Gobierno Nacional, en un contexto en el que la defensa de la independencia académica adquiere protagonismo en el debate público. Resta esperar cómo se desarrollará este enfrentamiento en las próximas semanas y si el Ejecutivo decide revisar su posición frente a las críticas recibidas.
