El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantea ajustes en las normas de edificación para permitir la construcción de 15 torres en diversos barrios porteños. La iniciativa ha generado debates y críticas, mientras se busca balancear desarrollo urbano y preservación del entorno.
Una propuesta urbanística ha sido presentada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de modificar las regulaciones de construcción y dar paso a la erigición de 15 torres en diferentes sectores de la capital. La iniciativa fue dada a conocer por el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, durante una sesión plenaria de comisiones en la Legislatura porteña.
El plan, que involucra una colaboración con empresas privadas, tiene como objetivo permitir la construcción de nuevas estructuras en la ciudad a cambio de una contraprestación financiera. Según funcionarios de la administración encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, se espera recibir alrededor de 36 millones de dólares por esta iniciativa.
Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, subrayó la naturaleza de los acuerdos urbanísticos como mecanismos de colaboración entre el sector público y privado. El propósito detrás de estos convenios es fomentar un entorno urbano más productivo y sostenible, permitiendo a los ciudadanos prosperar en un ambiente en constante evolución.
Durante una sesión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto en la Legislatura local, García Resta presentó una serie de convenios urbanísticos suscritos en los últimos meses entre el gobierno y distintas empresas privadas. Estos acuerdos implican cambios en las regulaciones de edificación para viabilizar la construcción de edificios de hasta 70 metros de altura en 15 parcelas designadas.
La presentación de esta propuesta tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde el oficialismo obtuvo un 48% de los votos a través de las tres listas de «Vamos Juntos».
Según García Resta, en enero del presente año se lanzó una convocatoria abierta para acuerdos urbanísticos, acompañada por un protocolo que establecía pautas para el desarrollo de áreas prioritarias y la expansión de espacios públicos y verdes. Estos proyectos fueron evaluados en función de su contribución, incluyendo la generación de comercios locales y la absorción de suelo en zonas necesitadas.
Alejo Ciliberto, funcionario de la secretaría de planeamiento, detalló que la contraprestación ofrecida al Estado por la modificación de las regulaciones urbanísticas incluye compensaciones monetarias y en algunos casos, la cesión de terrenos. En conjunto, los 15 convenios propuestos habilitarían la construcción de aproximadamente 200,000 metros cuadrados, generarían cerca de 6,000 empleos y generarían ingresos al Estado por 36 millones de dólares, destinados a obras públicas.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. María del Carmen Arias Usandivaras, de la organización Basta de Demoler, argumentó que estos convenios intentan sortear las regulaciones correspondientes a cada zona de la ciudad, lo que podría resultar en un incumplimiento de la ley. Matías Barroetaveña, legislador del Frente de Todos, también expresó preocupación por la naturaleza sorpresiva de estas excepciones, particularmente en áreas densamente pobladas y valiosas.
La decisión final sobre estos proyectos descansa en la legislatura, que deberá votar a favor o en contra de los 15 convenios en una próxima reunión de comisiones. Luego de este paso, se someterá a votación en la sesión plenaria para determinar si los cambios en las regulaciones de edificación serán aprobados y si las nuevas torres tendrán luz verde para tomar forma en diversos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
