Vendieron departamentos hasta seis veces a distintos compradores. La Justicia procesó con prisión preventiva a los acusados y ya hay más de 200 damnificados que esperan una reparación económica.
Cinco empresarios, cuatro de ellos integrantes del clan L’Abbate, fueron detenidos por una estafa inmobiliaria que sacudió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los acusados están señalados por formar parte de una asociación ilícita que operó durante más de una década a través de fideicomisos fraudulentos con los que comercializaron propiedades desde el pozo que, en muchos casos, nunca fueron construidas o fueron vendidas a múltiples compradores de forma simultánea.
La jueza Paula González, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores. Además, dispuso el embargo de bienes por un total de 905 millones de pesos, con el objetivo de garantizar la restitución económica a las víctimas.
Según la resolución judicial, a la que accedió este medio, los imputados están acusados de «haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo». En este sentido, se detalla que Vito L’Abbate cumplía el rol de jefe dentro de la organización, mientras que el resto de los miembros participaba en distintas funciones sin una división estricta de tareas.
De acuerdo con la investigación, la organización comenzó a operar al menos en 2012 y continuó activa hasta junio de 2024. La empresa en el centro del escándalo, Induplack Fiduciaria S.A., utilizaba redes sociales y plataformas inmobiliarias para promocionar proyectos habitacionales en zonas codiciadas de la Ciudad a precios llamativamente bajos. La promesa de una inversión rentable en poco tiempo atrajo a cientos de compradores que, tiempo después, se encontraron sin departamento, sin escritura y, en muchos casos, con pagarés impagos.
Asimismo, se detalló que los damnificados entregaban grandes sumas de dinero por propiedades que no solo no se terminaban, sino que también eran ofrecidas en múltiples ocasiones a distintas personas. De tal modo, algunos departamentos fueron vendidos hasta seis veces. Entre los proyectos afectados figuran desarrollos en Rivadavia 7159, Oliden 660, Ibarrola 6517, Fragata Presidente Sarmiento 2070/72, Alberdi 6683 y México 1640, entre otros. En ciertos casos, las obras nunca comenzaron o fueron ocupadas por terceros ajenos a los compradores originales.
«Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción, los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros», indica el fallo judicial. En la misma línea, la jueza González subrayó que Induplack, en su rol de fiduciaria, debía administrar los fideicomisos creados para los desarrollos inmobiliarios, pero que en realidad, las obras no se concretaban ni siquiera cuando vencían los plazos estipulados para la entrega y la escrituración.
En tanto, entre las maniobras fraudulentas detalladas se encuentran la firma de múltiples boletos de compraventa sobre una misma unidad, promesas de reintegro que nunca se materializaban, reventas de propiedades ya comprometidas y una cadena de incumplimientos sistemáticos. En uno de los casos, una compradora describió el edificio como «un edificio fantasma» en el que las unidades estaban cerradas y los boletos pegados en las puertas.
La indignación de los damnificados no tardó en expresarse. Luz González, una de las afectadas por el proyecto en México al 1640, celebró la medida judicial aunque con reservas: «Lo que sentimos es un poco de satisfacción para todos los damnificados, pero a la vez mucha angustia. Somos más de 200 familias que estamos detrás de esto». También denunció que «en los grupos de WhatsApp se nos infiltra gente de ellos, cuando comentamos en sus redes nos borran nuestros comentarios».
Por su parte, reclamó a la Justicia que mantenga detenidos a los imputados y pidió ayuda para finalizar las obras inconclusas: «Fue una masacre financiera, principalmente en el edificio Acuña de Figueroa que reúne a la fecha un promedio de 4/6 compradores por unidad. Que la Justicia no los libere y que el Gobierno o una empresa nos ayude a finalizar las obras que quedaron frenadas. Tampoco olvidar que se investiguen las rutas del dinero, lavado de activos y testaferros».
En la misma línea, otro de los afectados, Alejandro Del Vecchio, comprador de una unidad en Catamarca 544, remarcó: «La resolución salió más rápido de lo que pensaba. Pero también es una preventiva, quizás pueden arreglar para salir. Es una buena noticia, es el primer paso». A su vez, destacó que aún falta avanzar sobre otros presuntos implicados: «Faltan más vendedores y testaferros de ellos, pero es un gran avance por el momento».
La jueza también ordenó el congelamiento de los bienes y cuentas bancarias de todos los procesados, con el fin de preservar fondos que permitan afrontar las reparaciones económicas. En paralelo, los denunciantes habilitaron una casilla de correo (damnificadosinduplack@gmail.com) para reunir más testimonios y ampliar la causa con nuevos casos.
