Un operativo encabezado por la Policía de la Ciudad desalojó a 10 familias que habitaban un edificio en construcción desde hacía décadas. Las autoridades ofrecieron alternativas habitacionales y subsidios para los afectados.
La Policía de la Ciudad realizó este lunes un operativo de desalojo en un edificio ubicado en la avenida Olazábal 3452, en pleno barrio de Belgrano, cumpliendo con una orden de la Justicia porteña. La intervención, iniciada a las 10 de la mañana, implicó la reubicación de 45 personas, entre ellas 15 menores, que ocupaban los primeros cinco pisos del inmueble desde hacía varios años.
El procedimiento judicial se desarrolló en el marco de una causa por usurpación que comenzó en 2022 y tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8, a cargo del fiscal Maximiliano Vence. Según las autoridades, el edificio, cuya obra permanece inconclusa desde la década del 60, se encontraba en condiciones precarias, con instalaciones eléctricas irregulares y la utilización de generadores que representaban un peligro para los ocupantes.
Durante el operativo, personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad ofreció a las familias la posibilidad de reubicarse en centros de inclusión social, además de subsidios habitacionales. Según fuentes oficiales, la mayoría de los afectados accedieron a estas propuestas.
“Una familia con cinco hijos, de los cuales dos tienen discapacidad, fue trasladada al Centro de Inclusión Loria, donde se les asignó un módulo propio. Además, un adulto mayor de 78 años fue derivado a un hogar de ancianos”, detallaron desde el ministerio. En tanto, cuatro familias que no aceptaron ser reubicadas accedieron al subsidio económico que les permitirá buscar otras alternativas de vivienda.
Por su parte, algunas personas habían comenzado a desocupar voluntariamente el inmueble desde el domingo previo al operativo. “La mayoría de las personas se están yendo por su cuenta. Cuatro familias ya se habían relocalizado, y las restantes fueron desalojadas este lunes de manera pacífica”, indicaron fuentes judiciales.
El edificio, compuesto por tres cuerpos de 12 pisos cada uno, fue proyectado en la década del 60 por la empresa Promobra S.A., pero quedó inconcluso en 1965 debido a problemas financieros. En 1972, el Estado adquirió la propiedad con el objetivo de convertirla en un complejo de viviendas sociales, proyecto que también quedó trunco.
Salvador, un vecino de Belgrano R, recordó: “En los años 70, un sereno comenzó a habitar el lugar tras el abandono de la obra. Con el tiempo, llamó a su familia y se fueron sumando más personas. Así empezó la ocupación del edificio”.
En 2022, la propiedad fue adquirida por una empresa privada por seis millones de dólares. Sin embargo, la usurpación en los primeros pisos del inmueble ya estaba consolidada para entonces, lo que derivó en la intervención judicial actual.
Un relevamiento reciente realizado por Edenor detectó que las conexiones eléctricas del edificio eran irregulares y presentaban serios riesgos. Por este motivo, el suministro eléctrico fue cortado, y los ocupantes instalaron generadores en los departamentos.
“La acumulación de monóxido de carbono en los espacios cerrados podía ser fatal. Esto ponía en riesgo no solo a los adultos, sino también a los menores que vivían en el lugar”, señalaron desde la empresa.
El operativo contó con la participación de agentes de la Policía de la Ciudad, personal del Centro de Integración Judicial (CIJ) y representantes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Además, se imputó a un hombre por desobediencia a la autoridad, tras un breve forcejeo con los oficiales.
Con el desalojo completo, el inmueble quedará bajo custodia para evitar nuevas ocupaciones. Las autoridades aseguraron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes graves, priorizando en todo momento la seguridad de las familias desalojadas y la integridad del lugar.
