El Gobierno nacional continúa con su estrategia de ajuste y recaudación mediante la venta de inmuebles decomisados en causas judiciales. Este martes, se subastó un dúplex en el barrio porteño de Flores, incautado a los miembros del Clan Aliaga, procesados por trata de personas y explotación laboral. La venta, realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), alcanzó los 150.000 dólares, apenas por debajo del precio base de 150.414 dólares.
El inmueble, ubicado en la calle Bacacay 3591, tiene una superficie de 177 m² y funcionaba como centro de acopio de ropa confeccionada en talleres clandestinos en los que más de 30 personas de nacionalidad boliviana eran obligadas a trabajar en condiciones de extrema explotación. La subasta corresponde a un esfuerzo por parte del Gobierno para reutilizar socialmente estos bienes decomisados y destinarlos a fines humanitarios. En este caso, los fondos obtenidos serán destinados al Fideicomiso de Administración Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado para afrontar compensaciones a las víctimas de estas prácticas ilegales.
La venta del dúplex es el cuarto remate realizado este año por la AABE de inmuebles confiscados en investigaciones por corrupción, narcotráfico y explotación laboral. En total, en lo que va de 2024, el Estado ha recaudado más de 1.3 millones de dólares por la venta de estos bienes. Esta iniciativa responde al Decreto 636/2024, que amplió las facultades de la AABE, permitiéndole gestionar la venta de propiedades, vehículos, barcos y maquinaria incautados por el Poder Judicial.
La AABE, bajo la dirección de Nicolás Pakgojz, también creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Bienes Decomisados, que tiene como objetivo acelerar los procesos de subasta y garantizar la reutilización de los bienes secuestrados. A través de esta unidad, el Estado busca generar ingresos y garantizar la reparación de las víctimas de delitos graves, como los cometidos por el Clan Aliaga.
El Clan Aliaga, conocido por su implicación en la explotación de trabajadores bolivianos en talleres clandestinos de costura, fue desmantelado tras una denuncia presentada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Los miembros de la familia, encabezados por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos, son acusados de privar de libertad y someter a trabajos forzados a al menos 34 personas, en su mayoría bolivianos, quienes trabajaban hasta 17 horas diarias en condiciones inhumanas y de hacinamiento.
El dúplex de Bacacay 3591 servía como centro de distribución para la mercadería confeccionada en otros dos inmuebles, ubicados en Villa Luro, donde se encontraban los talleres de costura. Este modus operandi incluía trasladar la ropa terminada desde los talleres hasta el inmueble de Flores, para luego comercializarla en locales ubicados en las cercanías de la Avenida Avellaneda. La Justicia ordenó la incautación de estas propiedades en el marco de la causa que investiga a la familia Aliaga.
En la subasta del dúplex de Bacacay participaron dos oferentes: Samuel Marymberg, un joven empresario con experiencia en el sector inmobiliario, y Carolina Luizaga, empleada en el sector turístico. Ambos presentaron garantías de cumplimiento para participar en la subasta, cuyo precio final fue ligeramente inferior al estipulado en el pliego. La AABE aún no ha confirmado quién de los dos fue el adjudicatario final, ya que el proceso de verificación de documentación y pago continúa.
En cuanto a los próximos remates, la AABE subastará dos propiedades más vinculadas a la causa “Cuadernos de las coimas”, en la que están implicados personajes cercanos al ex presidente Néstor Kirchner. La primera de ellas, ubicada en la calle Pedro Ignacio Rivera 5761-5769, en Villa Urquiza, será subastada el 29 de noviembre, con un precio base de 734.215 dólares. La segunda, en el barrio de Villa Devoto, saldrá a la venta el 6 de diciembre con un precio base de 926.263 dólares.
