Desde el 1 de agosto, el Gobierno Nacional comenzará a cumplir con la medida cautelar de la Corte Suprema, otorgando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de los fondos por coparticipación, según anunció Jorge Macri.
Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmó que se llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional para implementar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema. Esta decisión establece que la Ciudad debe recibir el 2,95% de los fondos por coparticipación a partir del 1 de agosto. En sus declaraciones a la prensa, Macri expresó: «Se va a cumplir con lo que la Corte indica a partir del 1 de agosto, en el porcentaje que dice. Y vamos a ir juntos a la Corte a dialogar. Por eso el pago de la deuda va a ser parte de la charla».
El acuerdo fue calificado como “muy bueno” por el jefe de Gobierno, quien destacó la importancia de trabajar en conjunto para buscar una solución definitiva. En la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, Macri estuvo acompañado por Gustavo Arengo, ministro de Hacienda de la Ciudad. Según Macri, “Esto es muy importante, ir juntos a la Corte Suprema a buscar un acuerdo definitivo, que en definitiva es lo que nos va a dar tranquilidad a todos. A la Ciudad y a la Nación”.
Macri subrayó que el cumplimiento de la medida de la Corte es fundamental para el funcionamiento y las inversiones en la Ciudad. “El ministro Caputo cumple en este sentido con la palabra empeñada y para nosotros es una tranquilidad. Este Gobierno sin duda heredó este problema, y no es el que nos sacó los recursos. Destacamos que esté cumpliendo, aunque sea unos meses después, con lo que la Corte indica a partir del 1 de agosto”, añadió.
Asimismo, Macri remarcó la importancia de respetar los fallos de la Corte Suprema para atraer inversiones al país. Este cumplimiento permitirá a la Ciudad mantener su funcionamiento y continuar con las inversiones previstas en diversas áreas. “Es importante para un país que intenta atraer inversiones. Para nosotros es una tranquilidad porque nos permite mantener el funcionamiento y las inversiones de la Ciudad como estaban razonablemente previstas y que juntos vamos a ir a buscar una solución de futuro”, afirmó.
Los recursos que la Ciudad comenzará a recibir a partir de agosto son esenciales para diversos proyectos y servicios públicos. Macri explicó que estos fondos son necesarios para pagar a los maestros, continuar con obras hídricas, invertir en seguridad y salud, entre otros. “Más allá de los grandes números que son un montón de plata para cualquier persona, lo importante es que la gente sepa que la Ciudad tiene hoy los recursos o va a tener a partir del 1° de agosto los recursos para seguir en un plan de mejora de operación como el que teníamos ya imaginado”, detalló.
Además, Macri aseguró que durante los últimos seis meses, a pesar de la falta de estos fondos, no se suspendió ninguna obra pública. “Nunca suspendimos ninguna obra pública porque estos seis meses que llevamos hasta ahora los sostuvimos con recursos que teníamos ahorrados, en reserva. Así que hasta ahora no hubo una afectación”, aclaró.
Desde el 9 de septiembre de 2020, la Ciudad de Buenos Aires dejó de percibir más de 4,8 billones de pesos por la quita de coparticipación. Estos fondos representan el 25% del total de ingresos de la Ciudad, lo que ha tenido un impacto significativo en diversas áreas. A modo de ejemplo, la deuda del Gobierno Nacional representa más de tres años del gasto anual en inversiones en obras públicas y mantenimiento de hospitales, escuelas, luminarias, espacios verdes, red pluvial, semáforos y asfalto. También equivale a más de cuatro años y medio del presupuesto en Promoción Social, que incluye subsidios a personas de bajos ingresos, el Subte y colectivos, la comida en comedores comunitarios, la atención a personas en situación de calle y el mantenimiento de paradores.
Para enfrentar esta situación, la gestión de la Ciudad adoptó medidas de austeridad y reestructuración operativa, tales como la reducción del tamaño del Estado, la revisión y recorte de contratos, la disminución del 40% en el alquiler de edificios y la postergación de obras de infraestructura.
