El Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en respuesta a un amparo presentado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU), dictaminó que el Estado porteño asumirá los gastos de impresión de boletas para las elecciones programadas para el 22 de octubre y, en caso de balotaje, el 19 de noviembre.
En una resolución emitida el miércoles, el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el Gobierno de la Ciudad deberá cubrir los costos de impresión de boletas destinadas a las elecciones de jefe y vicejefe de Gobierno y diputados locales, previstas para el 22 de octubre y, en caso de necesidad, el 19 de noviembre.
La medida se tomó en respuesta a una acción de «amparo electoral» presentada por representantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU) de la Capital Federal contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
Los demandantes expresaron su descontento con el intento previo de implementar una «boleta única electrónica» en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y señalaron que el GCBA optó por utilizar boletas de papel en las elecciones generales, sin garantizar la igualdad de condiciones entre las distintas agrupaciones a través del financiamiento de los costos de impresión de las boletas.
La resolución, que incluye un plazo de 10 días para cumplir con la orden, establece una fórmula para calcular la cantidad de boletas necesarias y sus costos, teniendo en cuenta los resultados de las últimas PASO.
Los representantes del FIT argumentaron que esta medida evita que las listas con recursos financieros limitados impriman la cantidad adecuada de boletas, lo que se considera una violación inconstitucional del principio de equidad y de los derechos políticos de la ciudadanía.
«En el caso de que cada agrupación deba abonar sus boletas electorales, podría darse un escenario en el cual las (de) mayores recursos económicos impriman las boletas necesarias mientras que aquellas con recursos escasos tengan dificultades para obtener la cantidad de boletas suficientes para la totalidad de los establecimientos de votación», advirtieron los demandantes.
Además, subrayaron que la legislación nacional establece que es responsabilidad del Estado cubrir los gastos de impresión de boletas para garantizar un proceso electoral democrático y equitativo.
Por su parte, el GCBA argumentó que el Código Electoral no contempla la contribución financiera para los gastos de impresión de boletas de las agrupaciones políticas, ya que solo prevé el financiamiento público de las campañas electorales realizadas por las agrupaciones que fueron oportunamente registradas.
En su respuesta a la demanda, el gobierno porteño señaló que, de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Decreto 228/2023 en el sistema de votación, la impresión de las boletas partidarias utilizadas en las elecciones generales del 22 de octubre y una posible segunda vuelta el 19 de noviembre de 2023 corresponde a los partidos y alianzas.
El Tribunal Electoral recordó que la Constitución Nacional garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y subrayó la importancia del sufragio universal, igualitario, secreto y obligatorio.
Los jueces Roberto Requejo, Rodolfo Clérici y Romina Tesone enfatizaron la obligación del GCBA de financiar los costos de impresión de las boletas utilizadas en las elecciones locales, siguiendo los términos de la Ley Nacional 15.262, para asegurar el derecho del electorado.
