La política de seguridad dio un nuevo paso con la creación del Registro de Perfiles Genéticos, una herramienta que permitirá fortalecer las investigaciones criminales mediante el análisis y la comparación de ADN obtenido en las escenas del delito con los perfiles genéticos de personas imputadas y condenadas por la Justicia. La iniciativa apunta a agilizar el esclarecimiento de causas, identificar autores de hechos delictivos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial frente a delitos de todo tipo.
El nuevo sistema representa una modificación profunda respecto del régimen vigente hasta ahora. Hasta la sanción de la nueva normativa, la Ciudad contaba con tecnología para obtener muestras biológicas durante las investigaciones, pero esa información permanecía aislada en cada expediente, sin la posibilidad de establecer vínculos entre distintos hechos o detectar reincidencias mediante un análisis automatizado de perfiles genéticos.
Con la creación del Registro de Perfiles Genéticos, las evidencias recolectadas podrán compararse entre sí de manera permanente, permitiendo que una muestra hallada en una escena del crimen pueda coincidir con otra obtenida en una investigación diferente o con el perfil de una persona incorporada a la base de datos por orden judicial.
Durante el anuncio, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la importancia de la medida y afirmó: «Creamos el Registro de Perfiles Genéticos, un paso inédito para no dejar ni un solo malviviente libre. Vamos a poder cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones. Se terminó el vale todo. Ley y orden».
La creación del registro forma parte de una estrategia más amplia orientada al fortalecimiento de la seguridad pública. En ese marco, se suma a otras acciones implementadas durante la actual gestión, entre ellas los operativos permanentes de control en el espacio público, el funcionamiento del Anillo Digital, las intervenciones contra organizaciones dedicadas a la ocupación ilegal del espacio público, la recuperación de inmuebles usurpados, la denominada Operación Muro en los accesos a la Ciudad y los operativos de saturación desplegados en distintos barrios.
El nuevo régimen fue aprobado por la Legislatura porteña mediante la Ley 6.956, que reemplaza a la Ley 4.114, vigente desde 2011. La nueva legislación amplía considerablemente el alcance del registro y moderniza las herramientas de investigación criminal disponibles para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, organismo que tendrá a su cargo la administración y funcionamiento del sistema.
Uno de los cambios más relevantes consiste en la ampliación de los delitos alcanzados por el registro. Mientras que la legislación anterior sólo contemplaba condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, el nuevo esquema incluye investigaciones vinculadas a cualquier tipo de delito cometido dentro del territorio porteño.
También incorpora otra modificación significativa: además de personas condenadas, podrán registrarse perfiles genéticos de personas imputadas cuando exista una orden judicial expresa. De esta manera, los investigadores podrán acelerar el esclarecimiento de numerosos hechos sin necesidad de esperar el dictado de una condena definitiva para comenzar las comparaciones genéticas.
La base de datos también incluirá perfiles del personal policial, peritos y funcionarios judiciales. Esta incorporación tiene una finalidad estrictamente técnica: facilitar la identificación de muestras accidentales o de contaminación producidas durante el trabajo en las escenas del crimen, evitando confusiones durante los peritajes.
El sistema contempla además un importante componente humanitario. De manera voluntaria, podrán incorporarse perfiles destinados a colaborar con la identificación de personas desaparecidas, extraviadas o restos humanos cuya identidad aún no haya podido establecerse.
Uno de los aspectos centrales del nuevo registro es la protección de los datos personales. Las autoridades remarcaron que el sistema no almacena información relacionada con enfermedades, características físicas, antecedentes médicos ni datos que permitan conocer aspectos de la salud de las personas. El análisis se realiza exclusivamente sobre ADN no codificante, utilizado únicamente como mecanismo de identificación, de forma similar al funcionamiento de una huella dactilar.
Los perfiles quedarán protegidos bajo la normativa vigente sobre datos sensibles y la identidad de las personas sólo podrá conocerse cuando exista una coincidencia positiva durante una investigación judicial. Además, cada acceso al sistema quedará registrado y auditado, mientras que la legislación prevé sanciones penales para quienes divulguen información de manera indebida. También establece la eliminación inmediata del perfil cuando una persona resulte sobreseída o absuelta mediante resolución judicial firme.
Para el diseño de la nueva herramienta se tomó como principal referencia la experiencia desarrollada en Mendoza, considerada una de las más avanzadas de América Latina en materia de identificación genética aplicada a investigaciones penales. Allí, el registro funciona desde hace una década y exhibe resultados que respaldan la utilización de este tipo de tecnología: una amplia proporción de los rastros biológicos obtenidos en escenas del crimen logra identificar a sus responsables y muchos autores de delitos graves fueron detectados gracias a que previamente habían quedado registrados por investigaciones vinculadas con hechos de menor gravedad.
La implementación del sistema internacional CODIS, utilizado por organismos especializados como el FBI de Estados Unidos, constituye otro de los pilares del nuevo esquema. Esta plataforma informática permite gestionar millones de perfiles genéticos y realizar comparaciones automáticas entre evidencias y registros existentes, reduciendo considerablemente los tiempos de investigación.
Con esta incorporación tecnológica, la Ciudad busca fortalecer su capacidad investigativa mediante estándares internacionales en materia forense, mejorar la coordinación entre las distintas causas judiciales y dotar a fiscales e investigadores de una herramienta que permita acelerar el esclarecimiento de delitos, aumentar la identificación de autores y brindar mayor eficacia al sistema de administración de justicia.
