Buenos Aires, 25 de enero de 2026 — Un nuevo conflicto urbano y social se abrió esta semana en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño emitió un decreto para llevar adelante el desalojo de viviendas en el Barrio Rodrigo Bueno, una zona del tradicional y exclusivo Puerto Madero. La medida generó alarma entre vecinos, organizaciones sociales y defensores del derecho a la vivienda.
La decisión, oficializada el 9 de enero, busca formalizar la intención de la administración de la ciudad de recuperar terrenos hoy ocupados por familias, algunas de las cuales llevan años en el lugar. Según los funcionarios, el objetivo es «ordenar el espacio público y aplicar normas vigentes». Sin embargo, el decreto ha sido criticado por distintos sectores que consideran que la medida deja sin respuestas habitacionales a poblaciones vulnerables.
Puerto Madero, conocido históricamente como uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, sorprende por la convivencia entre torres de lujo y sectores populares, como Rodrigo Bueno, donde viven decenas de familias con dificultades económicas. La decisión de desalojar este segmento urbano plantea un choque de visiones entre quienes sostienen que la ley debe aplicarse sin excepciones y quienes advierten que se está dejando a muchas personas sin alternativas de vivienda.
Organizaciones sociales y vecinales denunciaron que la maniobra implica la aplicación de una normativa diseñada para desalojar espacios públicos, pero que no contempla adecuadamente la situación de las familias que habitan el barrio. Para estos grupos, la orden de desalojo sería un intento de «sacar a las familias de sus hogares» sin ofrecer soluciones habitacionales claras.
La tensión se da en un contexto en que otras medidas similares de la administración porteña habían generado conflictos con movimientos sociales y cooperativas que ocupaban terrenos sin autorización. Los reclamos incluyen la necesidad de garantizar derechos básicos y evitar que las familias queden en situación de vulnerabilidad.
Históricamente, Puerto Madero surgió como un ambicioso proyecto de urbanización y renovación de antiguos muelles, convirtiéndose en un símbolo de inversión inmobiliaria, gastronomía y oficinas corporativas. Sin embargo, la presencia de sectores populares en zonas como Rodrigo Bueno evidencia un contraste entre los intereses del mercado inmobiliario y las necesidades sociales.
Críticos del desalojo advierten que este tipo de decisiones amplifica la desigualdad urbana y profundiza la exclusión de quienes ya enfrentan dificultades en el mercado de alquileres, uno de los más caros del país. La medida también reaviva el debate sobre el derecho a la vivienda frente a la planificación urbana de la ciudad.
Hasta ahora, no se han confirmado fechas precisas para la ejecución del desalojo ni un plan concreto de reubicación para las familias afectadas. En tanto, las organizaciones sociales trabajan en estrategias de acompañamiento legal y movilización para garantizar la protección de los derechos de los vecinos.
El conflicto en Rodrigo Bueno plantea una nueva etapa de discusión sobre la gestión del suelo urbano en Buenos Aires, la convivencia entre el desarrollo inmobiliario y la justicia social, y el rumbo político de una ciudad que enfrenta tensiones cada vez más marcadas entre crecimiento económico y derechos fundamentales.
El desalojo en Puerto Madero se presenta así como un capítulo más en la historia de la ciudad, donde la desigualdad y la especulación inmobiliaria siguen en pugna con la necesidad de garantizar vivienda digna para todos.
